Santo Domingo.- Partidos políticos de diferentes partes del mundo consideran que el intento de autoridades dominicanas de instrumentar un falso expediente en contra el jefe de la escolta del candidato presidencial Luis Abinader, refleja asedio en contra del candidato presidencial de oposición, que pone en riesgo la institucionalidad democrática del país y afectado el normal desenvolvimiento del proceso electoral.
Los términos fueron expresados en un documento entregados esta mañana en el Palacio Nacional, para lo cual fueron comisionados Roberto Álvarez, director de Asuntos Internacionales del Gabinete Presidencial de Luis Abinader, Antoliano Peralta, director legal, y Luis Soto, integrante del gabinete.
Copia del documento, que se transcribe completo a continuación, fue leído en rueda de prensa por Álvarez:
Los partidos políticos abajo firmantes manifiestan su profunda preocupación y rechazan firmemente el asedio a que ha sido sometido el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader; además, piden una investigación imparcial y transparente del caso del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta.
A raíz de la suspensión de las elecciones municipales, ocurrida en plena votación en la mañana del pasado 16 de febrero, debido a un amplio fallo del voto automatizado generado por la misma Junta Central Electoral (JCE) de ese país, fue necesario reprogramar dichas elecciones para el 15 de marzo.
De manera insólita, se hizo un intento de involucrar al jefe de avanzada de la escolta del candidato Abinader, el coronel Ramón A. Guzmán Peralta, y a un técnico de una compañía telefónica, como responsables de un supuesto sabotaje a las elecciones, así como de los graves delitos de tráfico de armas y lavado de activos.
Esta burda maniobra quedó desvelada por una sentencia de habeas corpus del Tribunal Superior Electoral (TSE) de República Dominicana del 13 de marzo, en la cual el magistrado Madera Arias estableció de manera tajante que:
“7.8. …se ha querido buscar como culpables a dos (2) ciudadanos inocentes para atribuirles el colapso del sistema de votos automatizados, en violación de los derechos fundamentales de dos (2) personas que a todas luces no han cometido los hechos que se les imputan; y que de manera irregular se le ha querido atribuir lo sucedido, en este caso me refiero al impetrante Manuel Antonio Regalado Martínez, técnico de la empresa telefónica Claro y al coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, miembro de la escolta del Licdo. Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo que se puede interpretar como un deseo de hacerle daños al principal líder de la oposición, que puede tener como objetivo afectarlo en sus aspiraciones presidenciales…”.
Esta decisión fue confirmada por el informe de un equipo de peritos auditores y expertos electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) quienes realizaron una auditoría técnica al sistema de voto automatizado, a solicitud de la JCE, concluyendo que: “El equipo auditor no encontró evidencia de ataques externos, sabotaje o intento de fraude”. A igual resultado llegó otro informe similar, elaborado por la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE.
Ante hechos tan graves, que han puesto en riesgo la institucionalidad democrática del país y han afectado el normal desenvolvimiento del proceso electoral, deseando impulsar valores democráticos genuinos, hacemos un llamado a las autoridades dominicanas para que dispongan una investigación transparente e independiente, ajena a las autoridades que participaron en el hecho, y que vaya directamente al fondo de lo acontecido, determinando, de una vez por todas, las responsabilidades correspondientes por los hechos que dieron lugar a la suspensión de las elecciones en febrero pasado.
La presente solicitud está sustentada, entre otras evidencias, en la sentencia del Tribunal Superior Electoral previamente mencionada; en el informe de auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA); en el informe de Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE); y motivada por la inercia de las actuales autoridades de la Procuraduría General de la República, la cual ha demostrado ser una institución que actúa de conformidad con los mandatos del poder político gobernante y por tanto carente de la credibilidad necesaria.
Suscriben el documento los partidos Socialista Obrero Español, De la Revolución Democrática- PRD-Mexico, Avanzada Progresista-Venezuela, Democrático laborista-Brasil, Laborista de Georgia, Dirección Socialdemócrata de Eslovaquia, Movimiento de Renovación Serbio, Socialdemócrata de Ucrania, Restart Latvia-Letonia, Socialista de Italia De los Trabajadores de Túnez, y Unión Internacional de Juventudes Socialistas.
También la Alianza Verde de Colombia, Gologan Karja de Indonesia De los Trabajadores de Singapur, Frente de la Libertad de Sudáfrica, Nacional Democrático de Yibuti, Republicano de Albania, Foro Democrático de los Alemanes en Rumania, Ciudadanos por el desarrollo Europeo de Bulgaria, Movimiento Demócrata Popular del Sur de Etiopía, Convención Democrática y Social de Níger, Unión para El Progreso Nacional de Burundi, Movimiento Patriótico de Costa de Marfil, TODOS de Guatemala, Nuestro Tiempo de El Salvador y Movimiento Renovador Sandinista de Nicaragua.
Fuente:El Caribe
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