La misiva, dada a conocer por el PRM, subraya que cada embajada debería volver a entablar contacto con funcionarios de la administración y otras partes interesadas para determinar si las áreas previamente designadas como centros de votación continúan siendo apropiadas para tales fines, dadas las restricciones de acceso que están en vigor en muchos edificios privados.
El documento afirma que un mensaje similar también le fue tramitado directamente a la embajada de la República Dominicana el 14 de mayo pasado.
La comunicación recomienda a los Gobiernos pero no los obliga a realizar votación remota para sus ciudadanos.
El PRM afirmó que la comunicación fue entrega hoy a la Junta Central Electoral (JCE) por el delegado político de esa organización, Orlando Jorge Mera.
Este martes concluye un plazo de 24 horas que la JCE dio a los partidos para que remitan por escrito sus posiciones respecto a la fiabilidad o no de que los dominicanos en el exterior puedan ejercer el sufragio el 5 de julio, fecha de celebración de las elecciones presidenciales y legislativas.
Países como España y Canadá no garantizan la votación presencial de los dominicanos residentes en esas naciones en esas elecciones.
La Junta Central Electoral (JCE) dio a conocer una carta en la que la subdirectora general de la Cancillería española, Pilar Terrén, informa de que “una vez realizada la consulta” con el Ministerio de Interior “no se puede confirmar en estos momentos la viabilidad de llevar a cabo el voto presencial” ya que dependerá “de las restricciones de movimiento que eventualmente pudieran estar en vigor en dicha fecha”.
“La situación puede variar entre las diferentes provincias y, por consiguiente, los centros de voto podrían verse afectados en distinta forma, por ello habrá que reevaluar la situación unos días antes”, señala, aunque precisa que el sistema postal español “está funcionando con normalidad por si pudiera ser posible arbitrar el voto por correo”.
Mientras, el canciller Miguel Vargas, informó de que Canadá también ha expresado de manera escrita “la no disposición de permitir un proceso electoral presencial”.
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