Danilo Medina
Santo Domingo.- El Gobierno de la República Dominicana no ha respondido de manera contundente al informe de los Estados Unidos que acaba de señalar que hay corrupción y falta de transparencia en estamentos oficiales de este país.
Sobre el tema se ha referido en forma muy escueta el canciller Miguel Vargas, quien alegó que dicho informe “no se corresponde con lo que está viviendo el país”.
“El país está viviendo un estado de derecho, una democracia sana, una democracia consolidada y eso es lo que nosotros estamos reflejando desde la administración del Gobierno, que ha sido la administración más exitosa en todos los órganos de avances de los derechos humanos en la republica dominicana”, dijo Vargas.
Uno de los más enérgicos
El informe que en la víspera emitió el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha sido considerado por observadores locales como uno de los más enérgicos, relacionados con el gobierno del presidente Danilo Medina.
Medina aspiraba a modificar de nuevo la Constitución para reelegirse por tercera vez consecutiva, pero esta intención quedó frustrada precisamente cuando el secretario de Estado, Mike Pompeo, expresó a este último el 10 de julio del año pasado que su país no veía con buenos ojos esta iniciativa.
Textualmente, el informe del Departamento de Estado, señala lo siguiente:
“Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno
La ley establece sanciones penales por corrupción por parte de funcionarios; sin embargo, el gobierno no implementó la ley de manera efectiva, y los funcionarios frecuentemente participaron en prácticas corruptas con impunidad. El fiscal general investigó a presuntos funcionarios corruptos.
Las ONG señalaron que el mayor obstáculo para las investigaciones efectivas fue la falta de voluntad política para enjuiciar a las personas acusadas de corrupción, en particular las personas bien conectadas o los políticos de alto nivel. La corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave y una queja pública.
Corrupción: en septiembre, la Corte Suprema inició un juicio contra seis de los 14 acusados acusados en 2017 por presuntos vínculos con $ 92 millones en sobornos pagados por la empresa constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos de obras públicas. Los seis acusados incluían un senador, un representante de la cámara baja, un ex senador y un ex ministro de obras públicas. La sociedad civil acogió con beneplácito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para investigar el caso, que involucraba a las élites políticas y económicas del país.
En junio, un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que, además de los $ 92 millones informados públicamente en sobornos, Odebrecht distribuyó otros $ 39.5 millones en incentivos durante la construcción de la planta de carbón de Punta Catalina. Después de que este informe se hizo público, la Oficina del Fiscal General interrogó a consultores financieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no presentó cargos adicionales. El fiscal general y una comisión designada por el gobierno desestimaron previamente las acusaciones de irregularidad en el proceso de contratación de la planta.
Las ONG criticaron la práctica generalizada de otorgar posiciones gubernamentales como mecenazgo político. Alegaron que muchos funcionarios recibían un salario del gobierno sin realizar ningún trabajo. Algunos municipios pequeños tenían más empleados en la nómina de lo que podían alojar sus oficinas físicas.
Las ONG y los ciudadanos individuales informaron regularmente actos de corrupción por parte de varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos agentes de policía, funcionarios de inmigración y funcionarios de prisiones. En ocasiones, el gobierno utilizó castigos no judiciales por corrupción, incluido el despido o la transferencia de personal militar, policías, jueces y otros funcionarios menores. Sin embargo, la aceptación y tolerancia generalizadas de la corrupción menor obstaculizaron los esfuerzos anticorrupción.
Divulgación financiera: la ley exige que el presidente, el vicepresidente, los miembros del congreso, algunos jefes de agencias y algunos otros funcionarios, incluidos los recaudadores de impuestos y aduanas, declaren sus bienes personales dentro de los 30 días de haber sido contratados, elegidos o reelegidos así como cuando terminan sus responsabilidades. Estas declaraciones se hacen públicas. La constitución requiere además que los funcionarios públicos declaren la procedencia de su propiedad. La Cámara de Cuentas es responsable de recibir y revisar estas declaraciones. Muchos funcionarios públicos no cumplieron. Las ONG cuestionaron la veracidad de las declaraciones, ya que las cantidades a menudo fluctuaban significativamente de un año a otro, y los activos totales declarados a menudo parecían poco realistas”.
Fuente:Externa
No hay comentarios.:
Publicar un comentario