El influyente expresidente colombiano Álvaro Uribe compareció el martes ante la más alta instancia judicial del país para ser interrogado en un caso de supuesta manipulación de testigos que podría ensombrecer su legado.
Un magistrado interrogó a Uribe a puerta cerrada durante siete horas sobre las acusaciones de que, a través de su abogado, intentó influenciar e incluso sobornar a miembros de un grupo paramilitar que tenían información perjudicial del exmandatario.
Tras el interrogatorio, la Corte Suprema de Colombia difundió un breve comunicado en el que anunció que las autoridades alcanzaron la conclusión de que existen elementos suficientes para continuar con la investigación de Uribe, aunque no se presentaron cargos.
“Procedí a defender mi lealtad a la verdad”, dijo Uribe en un discurso a sus simpatizantes.
La causa se deriva de las acusaciones hechas hace varios años por el senador Iván Cepeda, quien dijo que Uribe era el fundador de un bloque paramilitar en su provincia durante la guerra civil de décadas entre fuerzas del gobierno, guerrillas izquierdistas y paramilitares de derecha.
El exmandatario ha rechazado todas las acusaciones de nexos con paramilitares, acusados de narcotráfico, asesinar a personas inocentes y desplazar a miles de personas de sus casas y tierras durante los conflictos con los rebeldes.
El caso ha dividido a la nación sudamericana y desatado manifestaciones en favor y en contra del expresidente. Analistas políticos lo consideran una importante prueba para el sistema judicial de Colombia, que durante su historia ha pasado problemas para castigar a prominentes líderes políticos y militares.
“Es crucial que el sistema judicial de Colombia maneje el asunto con un rigor profesional y desapasionado para que esto no se convierta en un circo”, dijo Adam Isacson, experto en Colombia para el centro de estudios Washington Office on Latin America.
Quizás ningún líder político en la historia reciente de Colombia ha ejercido tanta influencia como Uribe, quien aún cuenta con una numerosa legión de seguidores.
Lideró exitosamente la campaña para rechazar un referéndum sobre el proceso de paz con la guerrilla en 2016. El año pasado, su apoyo fue crucial para la victoria en las elecciones presidenciales de Iván Duque, hasta entonces un senador poco conocido.
Pero las acusaciones de lazos con los cárteles de drogas y paramilitares han seguido a Uribe desde la década de 1980, cuando se acusó a la agencia de aviación civil que él dirigía de darles licencias de piloto a narcotraficantes.
Cables desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos de una década después muestran que se les dijo a funcionarios estadounidenses que el político en ascenso tenía vínculos con narcotraficantes.
Uribe ha rechazado persistentemente las acusaciones y fue un inquebrantable aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas durante su gobierno, de 2002 a 2010.
Fuente:AP
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