Arriba, el general de brigada Justo Martin A. Fernández Tejada. ERD, y Maura Martínez, encargada de la Procuraduría Especializada Para el Control de Armas. Abajo, sede de Security Protection Center, SRL, en la marginal de la avenida 30 de Mayo.
Santo Domingo.- Otra denuncia sobre actuación irregular por parte de funcionarios judiciales y uniformados ha sido hecha en la República Dominicana, esta vez por una empresa que ofrecía servicios de seguridad a embajadas, centros comerciales, residencias y otros establecimientos.
Se trata de Security Protection Center, SRL, cuya sede principal está en la marginal de la avenida 30 de mayo, número 17, de esta capital, y la cual es presidida por el ex militar, abogado, contador y actual empresario Nelson Fermin Ovalles, expresidente del Consejo Nacional de Empresas de Seguridad (CONADES) en el período 2015-2018.
En un documento de prensa, la empresa, que tiene como representante legal al doctor Cesar Liriano Lara, afirma que los hechos comenzaron en octubre del 2016 cuando la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entonces dirigida por el general de brigada Justo Martin A. Fernández Tejada. ERD, le remitió una comunicación mediante la cual solicitaba que aportara 16 mil dólares como “ayuda” para un “estudio” que este organismo realizaría sobre el mercado de la seguridad privada en el país.
Dice que Fermín Ovalles, siendo presidente de CONADES, se negó de inmediato a hacer ese «aporte», por lo que a su oficina fue personalmente un Coronel del Ejército, quien le explicó la “conveniencia” de que las empresas del sector apoyaran esta solicitud y le advirtió que si no lo hacían tendrían “consecuencias muy negativas”.
Indica que posteriormente Fermín fue requerido por el Inspector General de las Fuerzas Armadas, mayor general Julio César Soufront, quien personalmente le advirtió que si no apoyaba el citado «proyecto», él (Fermín Ovalle) se exponía a que cerraran su empresa.
Reunión con el Ministro Paulino Sem
Señala que ante esta situación CONADES solicitó una reunión con el ministro de Defensa, teniente general Rubén Paulino Sem, a la cual asistieron representantes de 24 empresas de seguridad privada, quienes denunciaron formalmente la irregularidad. Durante la misma Paulino Sem les recomendó que llevaran el caso ante la Justicia, de acuerdo al documento.
“Empezamos entonces un proceso de sometimiento por ante el Tribunal Superior Administrativo. En una demanda de intervención forzosa exigimos que la Procuraduría Especializada de Tráfico y Control de Armas investigara lo sucedido, pero de manera extraña esta última oficina lo que hizo fue allanar la sede central de Security Protection Center, SRL)”, agrega.
Allanamientos «extraños»
Sostiene que aunque no encontró nada comprometedor, la magistrada Maura Martínez, encargada de la Procuraduría Especializada Para el Control de Armas. dispuso que también fueran allanados todos los puestos de dicha empresa y retiradas todas sus armas.
Agrega que también, extrañamente, fueron allanados en forma aparatosa todos los establecimientos a los que esta compañía prestaba servicio, entre ellos centros de salud, residencias privadas, hospitales, centros comerciales y embajadas.
Indica que sin mostrar ninguna orden judicial, 15 oficiales y fiscales al frente de los cuales estaban la magistrada Martínez y los también representantes del Ministerio Público, Bernardo de Jesús Rodríguez y Yorelbin Rivas Ferreras, realizaron más de 100 violaciones de domicilio, durante las cuales se incautaron de 104 armas.
Afirma que finalmente dijeron haber encontrado «problemas» en diez armas, pero los números de ellas no se corresponden con los consignados en los documentos que sirven de base a un expediente que finalmente fue instrumentado contra Fermín Ovalles, quien actualmente está en prisión domiciliaria.
Expusieron el caso al Poder Ejecutivo
Agrega que el Poder Ejecutivo fue enterado del caso mediante una instancia, y el general Justo Martin A. Fernández Tejada fue destituido del puesto de superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, pero permanece activo desempeñando ofras funciones en el Ejército Nacional.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, al momento de su actuación, no tenía marco jurídico y actuaba en base a un decreto que fue derogado por la Ley 96-04 Institucional de la Policía.
La empresa Security Protection Center solicita en su documento que este caso sea profundamente investigado por la Procuraduría General de la República, el Ejército Nacional y el Ministerio de las Fuerzas Armadas.
Teléfonos de Contacto abogado César Liriano: 809-958-5588 y 809-753-6407
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