El gobernador Ricardo Rosselló se disculpó el jueves por los comentarios con groserías que hizo en un chat privado para describir a una ex funcionaria del gobierno de la ciudad de Nueva York y a una junta federal que supervisa las finanzas de la isla.
Roselló dijo que estaba trabajando 18 horas diarias y ventilando sus tensiones cuando utilizó una grosería para decir que Melissa Mark-Viverito, ex presidenta del concejo municipal de Nueva York, era una prostituta, y dijo en inglés que la junta federal podía irse “al carajo” (“go f--- yourself”) .
“Nada de esto justifica las palabras que he escrito. Mis disculpas a todas las personas que he ofendido”, dijo el gobernador.
“Ese fue un chat privado”, añadió.
Los comentarios generaron indignación entre muchos puertorriqueños, que dijeron que se avergonzaban de su lenguaje y de cómo esto podría afectar la reputación de la isla, que ya captó la atención esta semana con los arrestos de ex funcionarios gubernamentales, incluido el secretario de Educación, por cargos de corrupción.
Rosselló dijo que aún no ha hablado con Mark-Viverito, quien colocó en Twitter una declaración afirmando que “una persona que usa ese lenguaje contra una mujer, sea figura pública o no, no debería gobernar a Puerto Rico... este tipo de conducta es completamente inaceptable”.
En el chat, Rosselló escribió que estaba molesto porque Mark-Viverito había criticado a Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata, por apoyar la estadidad para Puerto Rico.
Entre los que participaron en el chat estaban Ricardo Llerandi, secretario de gabinete; Christian Sobrino, director ejecutivo de la agencia fiscal puertorriqueña y de la autoridad financiera; y Ramón Rosario, ex secretario de asuntos públicos. Rosselló dijo que el chat entero, que no ha sido publicado, ya fue borrado y que no sabía quién lo filtró a la prensa.
Rosselló habló un día después de que el FBI arrestó a Julia Keleher, la ex secretaria de educación de Puerto Rico, y otras cinco personas acusadas de desviar dineros federales indebidamente a contratistas afiliados con figuras influyentes.
El supuesto fraude involucra 15,5 millones de dólares en fondos federales asignados entre el 2017 y el 2019, dicen funcionarios. Añaden que 13 millones fueron gastados por el Departamento de Educación de Puerto Rico bajo el mandato de Keleher y otros 2,5 millones gastados por Ángela Ávila Marrero cuando ella era directora de la administración de seguro de salud. Ávila Marrero fue indiciada junto con el empresario Fernando Scherrer-Caillet y Alberto Velázquez-Piñol, y las contratistas educativas Glenda E. Ponce-Mendoza y Mayra Ponce-Mendoza, quienes son hermanas.
Fuente:AP
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