Michelle Bachelet
Ginebra.- Al día siguiente del demoledor informe sobre la crisis en Venezuela que preparó, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, pidió dar “una nueva oportunidad” al gobierno de Nicolás Maduro y criticó las sanciones internacionales contra el país, “que agravan aún más la situación”.
“Se debe dar una oportunidad” al gobierno chavista para poder hacer reformas, “sin fijar una fecha límite”, dijo la expresidenta chilena al presentar el informe en Ginebra, y destacó el “nuevo compromiso” de Caracas con la liberación de 62 detenidos tras su visita y “ayer (por el jueves) otros 22, entre ellos el periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni”.
Bachelet recordó que el gobierno de Maduro también aceptó la presencia de dos delegados de la ONU de derechos humanos y el envío de 10 relatores especiales en los dos próximos años, y se comprometió a suministrar un “acceso total a todos los centros de detención”.
Pidió “a todos los líderes políticos” comprender que “la única salida a esta crisis es unirse en un diálogo”.
“La suerte de más de 30 millones de venezolanos está en la voluntad y capacidad de los líderes de poner los derechos humanos de la gente por delante de cualquier ambición personal, ideológica o política”, defendió. Sanciones.
Bachelet sostuvo que las “últimas sanciones económicas agravan todavía más” la situación en el país, “teniendo en cuenta que la mayoría de los ingresos en divisas del país provienen de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense”.
“Los efectos de estas sanciones parecen afectar la capacidad del Estado para suministrar servicios de salud de base a la población”, insistió.
Más allá de la oportunidad que pidió para el gobierno de Maduro, la ex mandataria denunció la “erosión del Estado de derecho” en Venezuela, reflejada en el informe que preparó su organismo, que habla del asesinato de miles de personas por las fuerzas de seguridad.
La ex mandatario también afirmó que el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, comporta en Venezuela “un riesgo de represalias y de represión”.
Bachelet, que viajó a Venezuela del 19 al 21 de junio, dijo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que “las principales instituciones y el Estado de derecho en Venezuela han sido erosionados”.
Errores
El informe de la ONU, publicado el jueves, fue inmediatamente denunciado por Caracas como un documento lleno de “errores”.
El vicecanciller venezolano, William Castillo, presente en la ONU, exigió la “corrección” del documento.
El informe indica que desde 2018, cerca de 7 mil personas fueron asesinadas en casos supuestamente de “resistencia a la autoridad” que, según el gobierno, fueron en realidad operaciones de seguridad.
Esa cifra es “extremadamente elevada”, según Bachelet, quien denunció amenazas, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que sufren opositores y defensores de los derechos humanos.
En el documento, Bachelet pide a Caracas “disolver las FAES”, un cuerpo de élite de la policía nacional creado en 2017, y el establecimiento de un “mecanismo nacional imparcial e independiente, con el apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales efectuadas durante las operaciones de seguridad”.
Ante el Consejo de Derechos Humanos, el vicecanciller Castillo reconoció las “debilidades” del sistema judicial de su país y admitió que las instituciones policiales habían cometido “desviaciones puntuales”. Pero Caracas “rechaza categóricamente la criminalización de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, agregó, e invocó los “serios riesgos” para la seguridad nacional a los que se enfrenta Venezuela, como “planes de golpe de Estado” y amenazas de una “intervención militar extranjera” lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.
El jueves, tras la divulgación del informe de la ONU, la cancillería venezolana publicó un comunicado en el que pide a Bachelet corregir “70 errores de hecho” en el documento, que a juicio del gobierno chavista “presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de Venezuela”.
En el informe, escribió la cancillería venezolana, “se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial”, y es preocupante que “el 82% de las entrevistas utilizadas” correspondan a personas ubicadas fuera del país, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y España.
Fuente:Externa
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