Los comentarios del presidente Donald Trump sobre las llamadas “ciudades santuario” fueron examinados el miércoles en una corte de apelaciones para determinar si es legal el decreto del mandatario de recortar fondos a los estados y municipios que limitan su cooperación con los agentes federales de inmigración.
El juez Sidney Thomas, presidente de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, preguntó qué es lo que el tribunal debería pensar sobre los comentarios de Trump y su gobierno de que el presidente quiere retenerles fondos federales a las ciudades santuario.
Chad Readler, abogado del Departamento de Justicia, dijo que la corte no debería enfocarse en eso.
“La orden tiene que ser juzgada por lo que dice y no por declaraciones públicas”, dijo.
El departamento está apelando el fallo de un juez que bloqueó permanentemente la orden ejecutiva a nivel nacional. El dictamen fue emitido ante demandas presentadas por dos condados de California: San Francisco y Santa Clara.
El gobierno de Trump dice que la orden es aplicable a una cantidad de fondos relativamente pequeña que ya requiere que las autoridades cumplan con las leyes de inmigración y no amenaza otros fondos federales.
Gobierno de Trump discute cómo penalizar a ciudades santuario
Danielle Goldstein, abogada del condado de Santa Clara, dijo que el presidente fue transparente sobre lo que piensa de la orden ejecutiva.
“Él fue extremadamente claro al decir que quería que esta orden ejecutiva sea un arma para acabar con las jurisdicciones santuario”, afirmó Goldstein.
El juez federal William Orrick dijo en noviembre que el decreto ponía en riesgo todo el financiamiento federal y que el presidente carece de la autoridad para agregar nuevos condicionamientos a los gastos que el Congreso ya aprobó.
Citó declaraciones de Trump y del secretario de Justicia Jeff Sessions como prueba del alcance del decreto, y dijo que el presidente mismo lo había calificado de “arma” contra las ciudades que se resistan.
“Esta orden ejecutiva dice contar con poderes que el presidente no tiene, en un esfuerzo inconstitucional para obligar a las ciudades a que modifiquen sus políticas santuario”, dijo Christine Van Aken, abogada de la fiscalía de la ciudad de San Francisco.
Thomas le preguntó a Readler si la orden sería constitucional en caso de que la interpretación de Orrick de que es aplicable a todo tipo de financiamiento fuera correcta.
Readler respondió que en ese caso podría ser contraria a la Constitución, pero insistió en que la interpretación de Orrick en torno a ella era demasiado amplia, e hizo notar que la orden se refería específicamente al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional, y no a otras agencias del gabinete que supervisan el transporte, el programa Medicaid de ayuda médica a los pobres u otros fondos.
Fuente:AP
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