Washington.- La batalla sobre el veto migratorio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega la próxima semana al Tribunal Supremo, que tendrá que decidir si el mandatario se extralimitó en sus poderes y si trató de discriminar a los ciudadanos de países musulmanes.
El miércoles el Tribunal Supremo celebrará una audiencia para estudiar el caso, aunque no emitirá una sentencia hasta junio.
En cuestión está la legalidad de la tercera versión del veto migratorio, diseñado para obstaculizar indefinidamente la entrada a EE.UU. de los nacionales de seis países de mayoría musulmana (Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen) y que incluye restricciones para los ciudadanos de Venezuela y Corea del Norte.
Todo comenzó en la campaña para las elecciones de 2016, cuando un matrimonio radicalizado perpetró un atentado en San Bernardino (California) y Trump aprovechó para prometer un “bloqueo completo y total” a la entrada de musulmanes a Estados Unidos, con el fin de detener el terrorismo yihadista.
“Hasta que no podamos determinar y comprender este problema y la peligrosa amenaza que representa, nuestro país no puede seguir siendo víctima de los horrendos ataques de personas que solo creen en la yihad y que no razonan ni tienen respeto por la vida humana”, afirmó Trump entonces.
Solo una semana después de llegar al poder, Trump proclamó mediante una orden ejecutiva su primer veto, titulado: “Protegiendo a la nación de la entrada de terroristas extranjeros”.
El decreto entró en vigor de manera inmediata y desató el caos en todo el mundo: familias que no pudieron embarcar en sus vuelos a Estados Unidos, manifestaciones masivas en los aeropuertos y abogados acampados en las terminales de llegadas para asesorar a aquellos que eran retenidos en aduanas.
Como resultado de esa orden, 700 viajeros fueron detenidos en los aeropuertos y 60.000 visados fueron revocados temporalmente, según datos del Departamento de Estado.
Ese primer veto acabó bloqueado en los tribunales y, ante la dificultad de defenderlo ante la Justicia, Trump proclamó el 6 de marzo de 2017 una nueva versión, que fijaba una restricción de 120 días para los refugiados y de 90 días para los nacionales de seis países (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia).
Tras varios reveses judiciales, ese veto pudo entrar en vigor gracias al Tribunal Supremo, que permitió al Gobierno restringir la entrada de aquellos que no tenían familia cercana en Estados Unidos.
Las restricciones eran temporales y, cuando expiraron en septiembre de 2017, Trump proclamó su tercer veto, que incluyó por primera vez a dos países sin mayoría musulmana: Corea del Norte y Venezuela, donde las restricciones solo afectaron a algunos funcionarios y su “familia inmediata”.
De nuevo, fue el Tribunal Supremo el que permitió el pasado diciembre la implementación de esa tercera versión del veto.
La medida impide la entrada a EE.UU. de los nacionales de cinco países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Siria, Yemen y Libia) que ya habían sido incluidos anteriormente.
Trump metió también a Chad, de mayoría musulmana, pero este mismo mes la Casa Blanca anunció su salida de la “lista negra” debido a las mejoras en seguridad del país africano.
Después de un largo camino, ahora le toca al Supremo resolver dos cuestiones: ¿Tiene el presidente poder para proclamar medidas migratorias o le corresponde al Congreso? ¿Viola el Gobierno la cláusula de la Constitución que protege la libertad religiosa al dirigir su veto contra ciudadanos musulmanes?
El Ejecutivo es el que ha acudido al Tribunal Supremo para que resuelva estas polémicas y falle a su favor, estableciendo que por motivos de seguridad el presidente tiene el poder de restringir la entrada a EE.UU. de los nacionales de aquellos países que no comparten suficiente información con Washington.
“Suspender la entrada de los individuos de esos países ha puesto presión sobre sus gobiernos para que cambien su comportamiento”, argumentan en su escrito los abogados del Ejecutivo.
El miércoles el Gobierno tendrá que enfrentarse a los demandantes, liderados por el estado de Hawái y por el egipcio Ismail Elshikh, el imán de la Asociación Musulmana de Hawái que vio cómo el primer veto impedía a su suegra, originaria de Siria, viajar a Estados Unidos para conocer a dos de sus nietos.
El caso ha captado una gran atención dentro de Estados Unidos, de forma que 15 estados liderados por Texas se han posicionado a favor de Trump, mientras que otros 16 de los 50 estados del país, encabezados por Nueva York, han respaldado la lucha de Hawái contra el veto migratorio.
También han expresado su opinión en el Tribunal Supremo diferentes grupos religiosos, desde la Conferencia de Obispos Católicos hasta los grupos musulmanes y judíos más importantes de Estados Unidos, como la Conferencia Central de Rabinos Americanos y el Consejo Musulmán de Asuntos Públicos.
Fuente:EFE
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