El destituido expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, era el sábado un hombre buscado después de que España emitiera una orden de arresto europea en su contra. Y el principal interrogante era cuánto tiempo podría demorar el proceso de extradición en Bélgica y mantenerse lejos de la justicia española.
Puigdemont y varios miembros de su gobierno huyeron a Bélgica tras ser destituidos por las autoridades españolas, después de que legisladores regionales votaran a favor de independizarse de España pese a advertencias reiteradas de que hacerlo incumpliría la Constitución española. Se cree que el expresidente y cuatro exconsejeros de su gobierno siguen ocultos en Bélgica, aunque su paradero específico no está claro.
La creciente crisis en torno a Cataluña es el peor desafío constitucional en España en casi cuatro décadas. Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros están investigados por cinco delitos distintos, incluidos rebelión, sedición y malversación, por su papel en la iniciativa independentista catalana.
Pero cuanto más retraso logre el expresidente, más puede alargar el proceso de extradición a España y quizá influir o incluso presentarse a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, convocadas por las autoridades españolas. Todo el proceso en Bélgica, desde la detención a la extradición, incluyendo apelaciones, podría llevar unos dos meses, según dijeron expertos legales a The Associated Press.
El ministro belga de Justicia, Koen Geens, señaló el viernes por la noche que su gobierno no intervendrá en el futuro de Puigdemont ni los otros exdirigentes catalanes, porque la orden de arresto europea “es un procedimiento completamente legal”.
A diferencia de una extradición internacional corriente, explicó, “el poder ejecutivo no juega ningún papel en el procedimiento. Todo va a través de contacto directo entre instituciones de justicia”.
El abogado belga de Puigdemont no respondió a peticiones de comentarios sobre la orden de detención, aunque ha dicho que su cliente combatiría su extradición a España sin pedir asilo político. La fiscalía belga, por su parte, dijo haber recibido la orden de arresto el viernes por la noche y señaló que interrogaría a Puigdemont en los próximos días.
“La estudiaremos y la pondremos en manos de un juez instructor”, indicó a AP el portavoz de la fiscalía Eric Van Der Sijpt. “Eso podría ser mañana, al día siguiente o incluso el lunes... No tenemos ninguna prisa”.
Puigdemont ha dicho estar dispuesto a cooperar con la justicia belga, pero que ha perdido la confianza en la justicia española, que considera politizada.
La emisión de la orden internacional de arresto por parte de la juez de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela provocó otra ronda de protestas el viernes por la noche en Cataluña, incluida su ciudad más importante, Barcelona.
Aunque Puigdemont y otros viajaron a Bélgica, nueve exmiembros de su gobierno están en España. La juez Lamela les tomó declaración el jueves y ordenó prisión incondicional para ocho de ellos por riesgo de que no desistieran en sus intentos de conseguir la secesión de Cataluña mientras prosigue la investigación.
Un noveno exconsejero, Santi Vila, salió en libertad bajo fianza. Vila renunció a su puesto en el gobierno de Puigdemont como protesta antes de la declaración de independencia.
En total, la fiscalía española investiga a 20 cargos públicos y activistas regionales por rebelión y otros delitos, que podrían ser punibles con hasta 30 años de prisión.
El portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, dijo el viernes que Puigdemont o cualquier otro político, incluso si está encarcelado como sospechoso de un delito, puede presentarse a las próximas elecciones a menos que haya sido condenado.
El sentimiento independentista, alimentado por cuestiones de identidad cultural y dificultades económicas, se ha disparado en los últimos años hasta llegar a aproximadamente la mitad de los 7.5 millones de residentes de Cataluña, una próspera región en el nordeste de España.
La mayoría separatista en el parlamento catalán votó a favor de la declaración de independencia el 27 de octubre. Al día siguiente, el gobierno español despidió al gobierno catalán, disolvió el parlamento y convocó elecciones catalanas para el 21 de diciembre, gracias a unos poderes extraordinarios concedidos por el Senado nacional.
Los esfuerzos de los independentistas catalanes incluyeron celebrar un referendo ilegal sobre la sucesión el 1 de octubre que no cumplió los estándares internacionales y se vio empañado por una violenta operación policial. Sin embargo, unos 2 millones de personas votaron, la gran mayoría a favor de la independencia.
Fuente:AP
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