Los jueces también reclamaron la independencia de la Justicia argumentado que la violación a sus derechos “atenta contra las garantías del debido proceso”.
En las manifestaciones los jueces leyeron un documento en el que señalaron que en lo que va de año el Poder Judicial “ha recurrido, en numerosas ocasiones, a la suspensión de jueces de forma indefinida y sin disfrute de salarios sin emitir una decisión que contengan los motivos”, lo que calificaron de “un atentado sistemático a la independencia judicial”.
Los magistrados criticaron el hecho de que varios de sus colegas hayan sido suspendidos, sin disfrute de salarios, “sin la realización y conclusión de un proceso disciplinario y, en muchos casos, sin siquiera iniciar una investigación”.
Los jueces reconocieron “la importancia de un régimen disciplinario y un efectivo sistema de consecuencias como mecanismo de control, legitimación y fortalecimiento del sistema judicial”, pero “acorde con el debido proceso de ley, en el que se respeten los derechos de garantías de las personas sometidas”.
En la manifestación en Santo Domingo estuvo el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, Miguel Surum Hernández, quien expresó el apoyo “incondicional” de esa entidad “a la persecución y castigo de cualquier actor del sistema de Justicia involucrado en actos en contra de la ética y la moral”, pero “siempre con apego irrestricto al debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de los involucrados”.
Uno de los casos mencionados por algunos de los manifestantes es el relacionado con la jueza de Ejecución de la Pena de San Francisco de Macorís (noreste), Aleyda Jiménez Acosta, suspendida la semana pasada y sin disfrute de salario, tras favorecer en mayo pasado con arresto domiciliario, por un supuesto cáncer, a un narcotraficante acusado de asesinar a un español en 2008.
Se trata de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias “Quirinito”, condenado a 30 años de prisión por el homicidio del español Adolfo Justo Cervantes Arellano ocurrido en la ciudad dominicana de San Cristóbal (sur), por asuntos relacionados con el narcotráfico.
Una vez en su hogar, Castillo Paniagua, actualmente en paradero desconocido, fingió su muerte para escapar de la Justicia, según datos de la Procuraduría, aunque su esposa asegura que falleció.
Por este caso, la Procuraduría General suspendió la semana pasada a Felipe de Jesús Restituyo Santos, titular de la Procuraduría Regional de San Francisco de Macorís, así como a José Calasanz Morel, adscrito a esa misma oficina, y al supervisor del Nuevo Modelo Penitenciario, Franklin Ortega.
Igual medida fue adoptada en contra del médico legista Orlando Herrera Robles, quien el 5 de julio pasado emitió el certificado ficticio, con base en el cual se expidió un día después el acta de defunción que declaró la muerte de Castillo Paniagua debido a infarto agudo al miocardio por carcinoma epidermoide en la base de la lengua.
Por La Redacción
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