Santo Domingo.- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Lisette Abreu Rosario (a) Nicol a cumplir una pena de 20 años de prisión por cometer el delito de trata de personas para fines de explotación sexual en perjuicio de cuatros mujeres y dos menores de edad.
El tribunal acogió la acusación presentada por el Ministerio Público, el cual estuvo representado por la procuradora fiscal Paola Vásquez y la licenciada Madeline Nicole Núñez, representante legal de las víctimas adscrita a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
De conformidad con los hechos, la imputada Lisset Abreu Rosario (a) Nicol, captó en el sector de Capotillo, mediante engaño, a las víctimas, indicándoles que trabajarían en otro tipo de negocio, trasladándolas vía terrestre hasta Jimaní.
¨Posteriormente utilizó sus influencias con autoridades dominicanas y haitianas logrando cruzar de manera ilegal la frontera con las víctimas, llevándolas como destino final al burdel Ma´ Klas Bar Resto Club, en la ciudad de Puerto Príncipe, Haití¨ explicó la Fiscalía en audiencia.
Se detalló que en el lugar antes referido las víctimas fueron acogidas y aprovechando el estado de vulnerabilidad en que se encontraban fueron obligadas a consumir drogas para hacerlas bailar semidesnudas, siendo maltratadas físicamente, explotadas sexualmente, teniendo que sostener relaciones sexuales con hombres en contra de su voluntad.
¨Estos hombres pagaban sumas de dinero entre 70 y 100 dólares para amanecer con ellas o entre 40 y 30 dólares si era de paso. Además, el dueño del burdel señalado les indicó que estas debían pagarle a él la suma de 150 dólares por concepto de los gastos del viaje, ya que él había pagado a la imputada para que ésta las llevara a dicho lugar¨ explicó la procuradora fiscal Alba Corona en la acusación.
Mediante un operativo las víctimas fueron rescatadas con el apoyo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (HSI), la colaboración de las autoridades haitianas y la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe.
La investigación fue dirigida por la procuradora fiscal Alba Corona Valerio, directora del Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas del Distrito Nacional, y el procurador general de corte José Agustín De la Cruz, adscrito a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
¨Es la mayor condena que se ha obtenido en el Distrito Nacional por el delito trata de personas, y en el entendido de que es un crimen trasnacional, perseguiremos a aquellas personas que cometen este delito aún fuera de nuestro territorio. Exhortó a la población a denunciar estos casos a la línea gratuita y confidencial (809)200-7393¨ Jonathan Baró Gutiérrez, director de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Por La Redacción
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