Santo Domingo.- Para los abogados penalistas Ángel Moneró y Edison Joel Peña, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ha sido errático en su accionar para encausar a los 14 imputados de recibir sobornos de parte de la empresa brasilera Odebrecht.
“La investigación del procurador me parece muy errática, no es sensato, no es inteligente”, comenta Moneró y cita: “Diligenciar órdenes de arresto contra personas que ya comparecieron todas, porque en esta fase el Ministerio Público puede obtener, inclusive, declaraciones que se conviertan en reveladoras de los mismos imputados, pero si crea una relación de choque, conculcándoles derechos sin necesidad, por complacer situaciones populares de gente que tiene el derecho a manifestarse pero no tiene conciencia técnica, si se le complace, se quebranta la norma”.
Cuestiona también que, a la fecha, no se ha visto ninguna medida de coerción real que procure asegurar posibles decomisos de bienes para que el Estado reciba alguna compensación, por tratarse de delitos económicos.
Advierte que, al no tomar medidas cautelares, se corre el riesgo de se puedan disimular capitales, que se enmarañe el camino que tiene el Ministerio Público para llegar a las informaciones y que se destruyan pruebas y se alargue el entramado de testaferros.
Para Moneró es poco profesional la frase del procurador Rodríguez cuando declaró, el día en que presentó la acusación contra los sometidos por el caso Odebrecht, que “están todos los que son y son todos los que están”.
“Si la investigación sigue abierta puede provocar encartamiento de otros ciudadanos. Y el Ministerio Público tiene la potestad de hacerlo, no así el juez de instrucción, que no es más que un contralor y que no puede hacer más de lo que le pide el Ministerio Público”, explica.
También entiende que, por la manera en que el Ministerio Público ha abordado la investigación, el proceso “va para largo”. Considera que la forma en que se conlleva la medida de coerción, entendida como una cuestión de horas pero que lleva ya varios días, las investigaciones y su discusión en los tribunales será un proceso largo.
De su lado, Peña critica que el proceso que lleva a cabo la Procuraduría ha tomado una velocidad muy alta a último momento, y que esto se evidencia en la forma en que se presentó la acusación ante el juez especial, que ha motivado el otorgamiento de plazos para notificar pruebas.
“Se han cometido fallas, se aceleró el proceso, tal vez, porque se temía que las informaciones llegaran primero desde Brasil, antes que de ellos (la Procuraduría), y entonces no habría tenido sentido el acuerdo arribado con Odebrecht”, subrayó.
También Moneró es de la opinión de que el Ministerio Público aceleró su situación haciendo promesas constitucionalmente indebidas, “porque amén de que el Código quiere que los funcionarios públicos sean perseguidos con cierta apertura para los medios y la sociedad en general, hay personas que no son funcionarios públicos y la Constitución establece que las informaciones son de acceso al público después de que se dicta auto de apertura a juicio”.
Peña y Moneró participaron de una entrevista bajo la conducción del director de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada.
Los casos complejos
La complejidad de un caso se alega cuando tiene características distintas a un proceso ordinario, tales como: alto número de imputados, que implique desplazarse a distintos puntos a buscar pruebas; que la recolección de las pruebas tenga ciertas dificultades de acceso, como a los sistemas financieros, y que haya que buscar colaboración de otros países o de otras instituciones que tienen acceso controlado.
El caso Odebrecht tiene todas las características para ser complejo.
El abogado Moneró es de opinión de que, para algunos exfuncionarios de los que sometió la Procuraduría y que estuvieron en el cargo antes de la aprobación de la Ley de Sobornos, que es del 2006, la acción penal ya prescribió.
Recuerda que la ley hace imprescriptibles delitos como el genocidio, corrupción transnacional y el crimen organizado, por lo que plantea que: “Si a estos funcionarios se les persigue por crimen organizado, no hay prescripción, pero no puede haber tal organización entre funcionarios que cesaron sus funciones en el 2002 y otro que inició en el 2008, porque no hay conexión”.
Duda, además, de la continuidad del delito en el caso de funcionarios que ya salieron del cargo, pues eso solo se puede alegar con la empresa que fue la que sobornó, pero no con un funcionario que trabajó en una institución y ya no está.
Peña, de su lado, aclara que el delito puede ser continuado, que se da cuando acciones que aparentan diferentes, tienen la misma lógica.
“En el caso del delito continuado se da a través del lavado de activos. Lo que se persigue es darle apariencia de licitud a unos bienes adquiridos mediante un hecho ilícito anterior, y si el mecanismo operativo para dar la apariencia de licitud es continuo, hasta que no se limpie el dinero, estamos frente a un delito continuado”, detalla.
Para Peña, la defensa de los sometidos y el Ministerio Público tendrán que discutir la prescripción o no de los delitos de corrupción, en la que todavía la legislación actual no es del todo concluyente.
Las acciones penales prescriben a los 10 años, según el Código Penal.
De los socios
Los socios de Odebrecht en el país no están descartados dentro del proceso de investigación que tiene abierto el Ministerio Público por los sobornos.
“Para que se pueda ejercer el tipo penal de lavado de activo, se requiere al lavador y al testaferro y si además de quien cometió el presunto acto ilícito, las personas que dieron la apariencia de legalidad son otras, sean empresas o personas físicas, tendrían que ser parte del proceso”, dice Peña.
Moneró, a su vez, entiende que las empresas dominicanas societarias de Odebrecht, si no han participado en el soborno, no tendrían que ser incluidas.
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