Se trata de una decisión sin precedentes en la Justicia española, puesto que Rajoy se convertirá en el primer presidente del gobierno en ejercicio que declara como testigo ante un tribunal en juicio oral.
El socialista Felipe González lo hizo primero en fase de instrucción en la investigación por la actuación del grupo parapolicial GAL en la lucha contra la organización separatista vasca ETA, y luego en 1998 cuando ya era ex presidente.
Los magistrados, que aún no fijaron la fecha de la citación, adoptaron la decisión por dos votos a favor y uno en contra pese al rechazo de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que consideran "inútil y redundante" que Rajoy declare como testigo en el proceso que juzga la primera etapa (1999-2005) de la mega trama de corrupción.
“La Sala decide que (el testimonio de Rajoy) es una prueba admisible, por mayoría se acepta y se le tomará declaración en el día que se marque según el calendario previsto”, anunció el presidente del tribunal Ángel Hurtado.
Rajoy tendría que declarar de forma presencial puesto que de acuerdo con la ley española, "sólo si hubiese tenido conocimiento" de los hechos que se juzgan al ser o por ser presidente, tendría la prerrogativa de hacer un descargo por escrito, informa la prensa española.
En este caso, los presuntos delitos que se juzgan llegan hasta su primer año al frente del PP, pero entonces no desempeñaba su actual cargo.
La fiscal Anticorrupción, Concepción Nicolás, manifestó previamente que las declaraciones del ex tesorero del PP Luis Bárcenas y de otros testigos ya confirmaban la existencia de una "Caja B" en la fuerza conservadora y que tomar declaración a Rajoy por esos hechos sería "reiterativo".
Por el contrario, la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), que solicitó la citación del jefe del Ejecutivo, aseguró que su comparecencia es "pertinente, relevante, legítima y útil", puesto que en el PP está siendo juzgado a título lucrativo, y se investiga la supuesta financiación ilegal de diversas campañas electorales.
No obstante, "la negativa del PP a responder en el juicio en su condición de partícipe lucrativo" es para el Ministerio Público un reconocimiento de su responsabilidad, de ahí que no considere "indispensable" la citación de Rajoy.
En febrero y en octubre del pasado año, las acusaciones pidieron que el líder del PP sea llamado a declarar, pero el tribunal rechazó la solicitud, sin perjuicio de que en una fase más avanzada o en el juicio oral, se acordara lo contrario.
Adade remarcó ante la Audiencia Nacional que era necesario romper las "líneas rojas" que hasta ahora bloquearon la declaración de Rajoy, a quien consideran protegido en una "urna de cristal".
En el marco de este caso ya declararon varios altos cargos del PP menos el ex presidente José María Aznar y el actual mandatario, que tomó las riendas del partido en 2004. El próximo jueves tendrá que declarar la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre, también del PP.
"El Partido Popular respeta, pero no puede compartir la decisión" judicial, aseguró la fuerza conservadora en un comunicado ante la citación de Rajoy. El PP destacó que la Fiscalía rechazó el pedido y acusó a la organización Adade de sólo querer mediatizar el proceso y de estar actuando en connivencia con el opositor Partido Socialista (PSOE).
"El hecho de que el presidente del gobierno tenga que declarar en la Audiencia Nacional es algo grave, y nos corresponde solicitar su comparecencia en el pleno, para dar explicaciones en la sede de la soberanía nacional", dijo por su parte el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en conferencia de prensa.
Iglesias subrayó que la citación de Rajoy es "una prueba más de que en España existió y existe una 'trama' que ha vinculado intereses políticos con intereses económicos, y la financiación ilegal del PP es un ejemplo de ello".
"En nuestro país gobierna el partido más corrupto de Europa, cada semana se producen acontecimientos que lo confirman", subrayó luego de que la fuerza morada recibió fuertes críticas por haber lanzado una campaña con un ómnibus, bautizado como "Tramabús", que recorre Madrid decorado con las caras de dirigentes políticos y empresarios que consideran parte de una "trama corrupta" en el poder.
La famosa trama de corrupción Gürtel nació bajo las alas del ex presidente Aznar y desplegó sus tentáculos principalmente en la comunidad de Madrid y Valencia, gobernadas por el partido de Rajoy.
La investigación, destapada en 2009 por el juez Baltasar Garzón, fue el germen de otras causas, como el "caso Bárcenas" y el de la "Contabilidad B" del PP, que destapó un sistema de pago de donativos de empresas que sirvieron para financiar ilegalmente al partido conservador.
Parte del dinero en negro eran entregado por el propio Bárcenas, según declaró ante la justicia, a miembros de la cúpula del PP, incluido Rajoy.
El juicio de la pieza troncal - la denominada "Época I"- del caso Gürtel comenzó en octubre de 2016 con un total de 37 personas, entre empresarios y dirigentes políticos, sentados en el banquillo de los acusados.
El principal acusado es el cabecilla de la trama, el empresario Francisco Correa, quien orquestó una red de empresas y sociedades que pagaban favores al PP a cambio de contratos públicos, gestión de eventos y campañas electorales. El nombre del caso proviene de que Gürtel es como se dice correa en alemán.
De esa forma logró conseguir 11,25 millones de euros gracias a una red que tenía al ex tesorero Luis Bárcenas como principal distribuidor de sus recursos en las entrañas del partido.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario