Madrid.- El cuñado del rey Felipe de España evitará la prisión pero deberá presentarse una vez al mes en un tribunal en Suiza, donde vive, mientras espera que el Tribunal Supremo resuelva su apelación por un veredicto de culpabilidad por fraude y evasión fiscal, falló un tribunal el jueves.
El 17 de febrero, el tribunal provincial de las Islas Baleares sentenció a Iñaki Urdangarin a seis años y tres meses de prisión, pero la decisión debe ser revisada por el tribunal superior.
La corte provincial absolvió a la infanta Cristina de Borbón, pero le ordenó pagar una multa por beneficiarse de los tratos de su marido. La decisión es definitiva en su caso porque todas las partes han rechazado apelar el fallo.
El fiscal había pedido prisión preventiva tanto para Urdangarin como para quien era su socio, Diego Torres, que fueron evitables con el pago de fianzas de 200.000 y 100.000 euros respectivamente (211.000 y 105.000 dólares).
Un panel de jueces en Palma de Mallorca mantuvo la libertad provisional para ambos después de un debate de dos horas luego de la audiencia del jueves.
Para Urdangarin, el tribunal le requirió que le informe de sus cambios de residencia o de cualquier plan de viaje fuera de la Unión Europea y que le imponga comparecencias mensuales ante un tribunal en Ginebra, donde los exduques de Palma se trasladaron con sus cuatro hijos desde Barcelona cuando surgieron las primeras denuncias de irregularidades, en 2012.
Los jueces ordenaron a Torres que entregara su pasaporte y le exigieron comparecer ante un tribunal español el primer día de cada mes. La Corte Suprema también revisará en los próximos meses su sentencia original de 8 años y medio de cárcel por diversos cargos de corrupción.
Llevando una mochila, Urdangarin abandonó solo el tribunal de Palma de Mallorca, sin su abogado. El exmedallista olímpico de balonmano de 49 años subió a un coche y se fue, dejando a decenas de reporteros y algunos manifestantes que le gritaron.
En el veredicto que puso fin a un juicio de un año que mantuvo atenta a España, los jueces dictaminaron que Torres y Urdangarin violaron las leyes cuando aprovecharon el estatus de este último para obtener contratos públicos en las Islas Baleares, relacionados con eventos deportivos.
El amplio caso de fraude fiscal llevó ante justicia a un miembro de la familia real por primera vez desde que la monarquía fue restaurada en 1975.
Fuente:AP
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