Santo Domingo.- El pleno de la Junta Central Electoral (JCE), decidió requerir de la Contraloría General de la República y de la Cámara de Cuentas, efectuar un experticio y remitir un informe al órgano electoral en el que indique cual ha sido el movimiento de las nóminas correspondientes al personal transitorio, así como cualquier otra que exista en las instituciones públicas, y que pueden ser utilizada para favorecer a partidos o candidatos políticos.
Además, indicar “en todo caso la Contraloría General en el ámbito de Poder Ejecutivo y la Cámara de Cuentas en municipios, distritos municipales y demás poderes e instancias, públicas dentro de su ámbito, a fin de determinar si se está cumpliendo ciertamente con una congelación de la nómina”, dijo Roberto Rosario Márquez, presidente de la JCE.
Estas precisiones se informaron, según dijo Rosario Márquez , a partir de conocimiento de la comunicación remitida por el magistrado Eddy Olivares, mediante la cual proponía medidas cautelares para impedir el uso de los planes sociales, muy en particular procurando la congelación de las nóminas correspondientes al referido personal transitorio.
Asimismo, Rosario Márquez exigió que estas informaciones deben llegar a la JCE a la mayor brevedad posible, y dentro del periodo electoral, tomando en cuenta la necesidad de agilizar la satisfacción de estos requerimientos.
Entre otros aspectos resaltantes, informó que respecto a la comunicaron que vía electrónica y en nombre de la Embajada de los Estados Unidos, que se remitió el 23 marzo, indicó que el canal utilizado esta institución diplomática para ser recibidos, no fue la vía establecida y acordada recíprocamente entre la representación diplomática y el órgano electoral, que a su decir acordaron canalizar todo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX-RD).
Explicó que de igual forma resulta inadecuado que dicha solicitud no solo violó este procedimiento, sino que la misma no se remitió la audiencia en cuestión, no fue solicitada al presiden de la JCE, que de conformidad con la ley y del reglamento interno es el único vocero autorizado y representante legal de la institución.
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