Washington.- El Departamento de Justicia de EE.UU. envió una carta a los líderes de 29 entidades locales, entre las que se incluyen las ciudades de Los Ángeles y Washington, para exigirles que sus policías locales colaboren con las autoridades federales en la deportación de inmigrantes indocumentados.
El movimiento pretende ser un ultimátum para las “ciudades santuario”, aquellas que se niegan a destinar recursos para perseguir inmigrantes indocumentados.
En su carta, el Departamento de Justicia pide a las entidades locales que le informen de si están cumpliendo o no con una ley que obliga a las autoridades municipales a facilitar información al Gobierno sobre el estatus migratorio de las personas que detienen o salen de la cárcel.
En las “ciudades santuario”, la policía local se niega a informar a las autoridades federales del estatus migratorio de las personas que detiene y tampoco les avisa cuándo van a poner en libertad a un inmigrante que ha cumplido cierto tiempo en prisión por haber cometido un delito.
Esa decisión, según el Departamento de Justicia, permite escapar a inmigrantes que suponen un riesgo y que, al contar con antecedentes, deben ser deportados de acuerdo con la ley.
Ciudades advertidas
“Las jurisdicciones que adoptan las llamadas ‘políticas de santuario’ también adoptan la visión de que la protección de los delincuentes extranjeros es más importante que la protección de los ciudadanos que respetan la ley y el estado de derecho”, consideró en un comunicado el fiscal general, Jeff Sessions.
Entre las ciudades que han recibido la advertencia del Departamento de Justicia, figuran Seattle (estado de Washington), Los Ángeles y San Francisco, ambas en California, y la propia capital de EE.UU., así como la localidad de West Palm Beach (Florida) y Newark (Nueva Jersey).
Los estados de Illinois, Oregón y Vermont también recibieron la advertencia del Departamento de Justicia.
Frente al razonamiento del Gobierno, los líderes de esas entidades “santuario”, la mayor parte demócratas, aseguran que las políticas que quiere implementar el Departamento de Justicia son las que ponen en peligro al país, pues debilitan la cooperación entre las policías locales y las minorías hispana y afroamericana.
Fuente:Externa
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