Santo Domingo.- El colectivo social Marcha Verde afirmó hoy que “importantes intereses privados” se han aliado al Gobierno del presidente Danilo Medina para impedir que el caso Odebrecht sea el fin de la impunidad en la República Dominicana.
A propósito del nombramiento del economista Jaime Aristy Escuder como administrador de la termoeléctrica Punta Catalina, cuya licitación, otorgada a un consorcio encabezado por Odebrecht, estuvo bajo investigación, Marcha Verde llamó a la población a no dejarse “engañar” por las élites económicas, religiosas o sociales “interesados en lavar la cara a procesos legítimamente cuestionados y pendientes de una verdadera investigación penal”.
“En la Marcha Verde somos conscientes de los vínculos que existen entre varios de los integrantes de la comisión de Punta Catalina con los intereses de Odebrecht y de los privilegios inconstitucionales que permite el presidente Medina a cambio de respaldo social y político”, declaró el colectivo en un manifiesto un al concluir una marcha en la provincia María Trinidad Sánchez.
La entidad reiteró la demanda de una investigación penal del proceso de licitación, adjudicación, financiamiento y construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina y la cancelación de los contratos con Odebrecht, a la que llamó “empresa mafiosa”.
A la vez, expresó su apoyo a los representantes del sector social que participan en el Pacto Eléctrico, “un acuerdo nacional que no podrá llegar a feliz término si no cruza inexorablemente por la transparencia, rendición de cuentas y claridad en torno al proyecto de Punta Catalina y la rescisión del contrato con Odebrecht”.
Por otro lado, la coordinación de la Marcha Verde en Nagua denunció que “la desviación de los recursos y fondos públicos hacia los bolsillos de los funcionarios corruptos ha evitado la solución de los principales problemas y necesidades de las ciudades y comunidades” de María Trinidad Sánchez.
Aseguraron que la corrupción y la impunidad han impedido la pronta terminación del hospital público de Nagua, así como la rehabilitación de los caminos vecinales que necesitan los productores agrícolas y el campesinado para cosechar sus frutos, la reparación de la carretera Nagua-San Francisco de Macorís, la terminación del malecón y el acceso de la comunidad a un servicio de energía eléctrica permanente y de calidad.
“En cambio, los corruptos, abusando del poder, han reprimido a los movimientos sociales que exigen la solución a sus principales problemas, como han sido los casos de represión de San Francisco de Macorís, dejando sumida a toda la región nordeste en luto por el asesinato del joven activista social y dirigente estudiantil Vladimir Lantigua Baldera, y la violencia desatada en contra de los trabajadores cañeros”, denunció Marcha Verde.
Fuente:EFE
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